Litigar contra la administración: David contra Goliat.
Demandar a una administración pública no es cualquier cosa. Es uno de los retos más apasionantes que puede afrontar un abogado en su actividad profesional. Una lucha desigual, en la que la administración cuenta con una legión de juristas de gran preparación y práctica en el derecho administrativo, que tratarán por todos los medios que la acción entablada contra la administración fracase. El poder institucional suele defenderse además exhibiendo todos los medios a su alcance (que son muchos) e incluso alegará una serie de injustas presunciones legales que juegan en su favor. Pero hay buenas noticias: se puede vencer a la administración en juicio. Aunque sea una lucha desigual, aplicando la inteligencia jurídica y el conocimiento de los vericuetos de la administración pública, el pequeño David (ciudadano de a pie como tú y yo) puede vencer al gigante mastodóntico (la administración local, autonómica o estatal).
Pasé 12 años de mi vida trabajando al servicio de la administración pública. Esa experiencia vital me ha permitido saber algunas cosas que trato de aplicar cuando defiendo los intereses del ciudadano frente a una actuación ilícita de la administración pública, que lamentablemente son más frecuentes de lo que debieran. Aquí comparto algunas de estas ideas:
1. Que no cunda el pánico. Contrariamente a lo que parece, la administración no siempre tiene razón. Para eso está el derecho administrativo, para recordarle a funcionarios y responsables públicos que en su actuación están sometidos al imperio de la ley, que no pueden atropellar los derechos del ciudadano, por muy insignificantes que seamos cada uno de nosotros para la gran maquinaria del engranaje institucional. Y si se tiene razón, se suele ganar a la administración en juicio.
2. No es buena idea relacionarse con la administración pública sin recabar un buen asesoramiento jurídico. Esto lo he visto en multitud de ocasiones. Existe un conflicto en ciernes que se vislumbra en el horizonte, y el ciudadano/empresa piensa que puede resolverlo por sí mismo acudiendo a la administración para tratar de resolver la cuestión. Craso error, que puede traer fatales consecuencias en forma de preclusión de plazos, escritos que después dificultan poder presentar demanda, errores de enfoque jurídico, etc. Es conveniente recabar asesoramiento jurídico desde el principio.
3. La importancia de elegir bien al abogado. Es muy conveniente que reflexiones bien sobre este punto, porque no todo vale. Te recomiendo encarecidamente que el abogado con el que trabajes conozca el derecho administrativo, y si además conoce el funcionamiento de la administración por dentro, muchísimo mejor. Salvo que el conflicto que tengas con la administración sea una multa de 50€ por mal estacionamiento, descarta un abogado low cost. Tampoco te estoy diciendo que te vayas al otro extremo, no es necesario pagar un pastón para tener una defensa legal honesta y bien construida. Es cuestión de que valores con seriedad la magnitud del problema que tienes con la administración, la dedicación de tiempo que va a requerir resolver el conflicto, y la experiencia del abogado que te va a defender. Ten en cuenta otra cosa. La actitud muchas veces es lo más importante. Algunas veces he visto caer de su pedestal en un juicio a abogados con décadas de experiencia y despacho con maderas de caoba, a manos de otro abogado más joven que sin embargo creía en su caso, le ha dedicado más tiempo, lo ha estudiado al detalle y ha logrado vencer al compañero con más galones. Más experiencia no siempre significa mejor.
4. La vía administrativa tiene una importancia esencial. Esto está muy relacionado con los puntos 1 y 2. Muchas veces al despacho de un abogado llega un asunto cuando ya se ha agotado la vía administrativa, y la única opción posible es demandar a la administración ante la jurisdicción contencioso administrativa. Esto limita muchísimo nuestras posibilidades de actuación. Antes de que llegue el momento determinante del fin de la vía administrativa, hay multitud de escritos de alegaciones, recursos, pericias, etc. que se pueden practicar y que nos pueden permitir resolver el asunto en vía administrativa, sin que sea necesario acudir a la vía judicial con el consiguiente incremento de costes que ello supone. Pero es que además una correcta intervención en la vía administrativa es fundamental para preparar bien el camino para un posterior recurso contencioso administrativo en el Juzgado.
5. Atención a las cuestiones formales. Errarum humanum est. Muchas veces la legión de letrados, técnicos de administración general, secretarios, etc. que intervienen en la tramitación de los expedientes administrativos cometen errores que pueden llevar a la declaración de nulidad o a la anulación de la resolución administrativa que se pretende impugnar. Cuestiones como la caducidad, la prescripción, los plazos para resolver, o el cumplimiento de determinados requisitos formales deben revisarse.
6. Estudio exhaustivo del expediente administrativo. Esta es una de las claves del éxito. Hay que dedicar muchas horas a leer una y otra vez el expediente administrativo completo. En el detalle está el éxito. Muchas veces en una primera o segunda lectura del expediente administrativo nos ha pasado desapercibido un detalle de decisiva importancia que tan sólo en posteriores lecturas nos aparece como evidente. Y esto sólo se consigue con horas de estudio y con algo de intuición, la que por ejemplo te da haber conocido por dentro cómo funciona la maquinaria de la administración pública.
7. Colaborar con quienes saben. Pocas cosas hay tan peligrosas como un abogado que cree que se las sabe todas. Si el asunto que nos enfrenta a la administración es un procedimiento urbanístico, es claro que el abogado deberá dominar el derecho urbanístico. Pero además de esto, muy probablemente el asunto tendrá una componente técnica que tan sólo un buen arquitecto o ingeniero podrá resolver. Si el caso tiene que ver con la contratación pública y hay que combatir la puntuación realizada por los técnicos en sus informes, nos puede hacer falta la opinión cualificada de un economista o un experto en la materia de que se trate. Tengamos en cuenta que la administración acudirá al litigio armada de cuantos informes técnicos pueda pertrecharse. Por eso conviene acudir a pleito con un buen dictamen técnico-pericial, y escoger muy bien al profesional que nos asesorará.
8. Menos es más. A la hora de plantear una demanda de recurso contencioso administrativo, hay que tener una gran capacidad de síntesis y, lo que es más importante, capacidad de expresión escrita. Los jueces están cansados de leer escritos artificiosamente largos en los que los abogados más que tratar de convencer a Juez, tratan de demostrarle al Juez que saben mucho derecho. Esto puede ser un error letal. Las demandas deben ser claras, concisas, e ir directamente al grano. Deben exponerse los hechos estrictamente necesarios para que el Juez se sitúe ante la cuestión controvertida. Y en cuanto a los razonamientos jurídicos, debe primarse la calidad de los mismos y su claridad expositiva, más que la cantidad. Y desde luego cuestiones básicas como la pulcritud y el orden en los escritos procesales son esenciales.
9. Preparar el acto del juicio. Si se trata de un procedimiento abreviado la administración demandada contestará a la petición del ciudadano directamente en el acto del juicio, y de forma concentrada se practicará la prueba en ese mismo acto. Cuando se trata de un procedimiento ordinario puede ocurrir que el asunto se resuelva sin necesidad de celebrar juicio (lo que ocurrirá cuando la cuestión controvertida pueda resolverse a la vista de los documentos obrantes en la causa). Pero lo normal en estos casos será que se celebre una vista en la que se practicarán pruebas como testificales o periciales. El acto del juicio es el momento cumbre de un trabajo que en muchas ocasiones viene de años, por lo que es imprescindible preparar el asunto con esmero y dedicación.
10. Convicción y capacidad de persuasión. En el acto de la vista es fundamental creer en lo que se defiende. Esto no es cualquier cosa, porque los jueces perciben a la primera cuándo un abogado se cree de verdad lo que defiende. Además de estar convencido, hay que saber expresarse. Una vez más cualidades como la capacidad de síntesis serán imprescindibles. Saber interrogar adecuadamente, cuidar las formas procesales y hacer que las cosas fluyan hacia la tesis que defendemos también es importante.
Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero excedería con mucho del espacio de este post. La idea básica que quería transmitir es que se puede vencer en juicio a la administración. A pesar de las dificultades que conlleva para un ciudadano individual o una empresa enfrentarse a toda una institución pública, en nuestro sistema judicial funciona el sometimiento a la ley de la administración, por lo que cuando un organismo público la transgrede, se puede lograr revertir la situación. Como David cuando venció a Goliat.
Demandar a una administración pública no es cualquier cosa. Es uno de los retos más apasionantes que puede afrontar un abogado en su actividad profesional. Una lucha desigual, en la que la administración cuenta con una legión de juristas de gran preparación y práctica en el derecho administrativo, que tratarán por todos los medios que la acción entablada contra la administración fracase. El poder institucional suele defenderse además exhibiendo todos los medios a su alcance (que son muchos) e incluso alegará una serie de injustas presunciones legales que juegan en su favor. Pero hay buenas noticias: se puede vencer a la administración en juicio. Aunque sea una lucha desigual, aplicando la inteligencia jurídica y el conocimiento de los vericuetos de la administración pública, el pequeño David (ciudadano de a pie como tú y yo) puede vencer al gigante mastodóntico (la administración local, autonómica o estatal).
Pasé 12 años de mi vida trabajando al servicio de la administración pública. Esa experiencia vital me ha permitido saber algunas cosas que trato de aplicar cuando defiendo los intereses del ciudadano frente a una actuación ilícita de la administración pública, que lamentablemente son más frecuentes de lo que debieran. Aquí comparto algunas de estas ideas:
1. Que no cunda el pánico. Contrariamente a lo que parece, la administración no siempre tiene razón. Para eso está el derecho administrativo, para recordarle a funcionarios y responsables públicos que en su actuación están sometidos al imperio de la ley, que no pueden atropellar los derechos del ciudadano, por muy insignificantes que seamos cada uno de nosotros para la gran maquinaria del engranaje institucional. Y si se tiene razón, se suele ganar a la administración en juicio.
2. No es buena idea relacionarse con la administración pública sin recabar un buen asesoramiento jurídico. Esto lo he visto en multitud de ocasiones. Existe un conflicto en ciernes que se vislumbra en el horizonte, y el ciudadano/empresa piensa que puede resolverlo por sí mismo acudiendo a la administración para tratar de resolver la cuestión. Craso error, que puede traer fatales consecuencias en forma de preclusión de plazos, escritos que después dificultan poder presentar demanda, errores de enfoque jurídico, etc. Es conveniente recabar asesoramiento jurídico desde el principio.
3. La importancia de elegir bien al abogado. Es muy conveniente que reflexiones bien sobre este punto, porque no todo vale. Te recomiendo encarecidamente que el abogado con el que trabajes conozca el derecho administrativo, y si además conoce el funcionamiento de la administración por dentro, muchísimo mejor. Salvo que el conflicto que tengas con la administración sea una multa de 50€ por mal estacionamiento, descarta un abogado low cost. Tampoco te estoy diciendo que te vayas al otro extremo, no es necesario pagar un pastón para tener una defensa legal honesta y bien construida. Es cuestión de que valores con seriedad la magnitud del problema que tienes con la administración, la dedicación de tiempo que va a requerir resolver el conflicto, y la experiencia del abogado que te va a defender. Ten en cuenta otra cosa. La actitud muchas veces es lo más importante. Algunas veces he visto caer de su pedestal en un juicio a abogados con décadas de experiencia y despacho con maderas de caoba, a manos de otro abogado más joven que sin embargo creía en su caso, le ha dedicado más tiempo, lo ha estudiado al detalle y ha logrado vencer al compañero con más galones. Más experiencia no siempre significa mejor.
4. La vía administrativa tiene una importancia esencial. Esto está muy relacionado con los puntos 1 y 2. Muchas veces al despacho de un abogado llega un asunto cuando ya se ha agotado la vía administrativa, y la única opción posible es demandar a la administración ante la jurisdicción contencioso administrativa. Esto limita muchísimo nuestras posibilidades de actuación. Antes de que llegue el momento determinante del fin de la vía administrativa, hay multitud de escritos de alegaciones, recursos, pericias, etc. que se pueden practicar y que nos pueden permitir resolver el asunto en vía administrativa, sin que sea necesario acudir a la vía judicial con el consiguiente incremento de costes que ello supone. Pero es que además una correcta intervención en la vía administrativa es fundamental para preparar bien el camino para un posterior recurso contencioso administrativo en el Juzgado.
5. Atención a las cuestiones formales. Errarum humanum est. Muchas veces la legión de letrados, técnicos de administración general, secretarios, etc. que intervienen en la tramitación de los expedientes administrativos cometen errores que pueden llevar a la declaración de nulidad o a la anulación de la resolución administrativa que se pretende impugnar. Cuestiones como la caducidad, la prescripción, los plazos para resolver, o el cumplimiento de determinados requisitos formales deben revisarse.
6. Estudio exhaustivo del expediente administrativo. Esta es una de las claves del éxito. Hay que dedicar muchas horas a leer una y otra vez el expediente administrativo completo. En el detalle está el éxito. Muchas veces en una primera o segunda lectura del expediente administrativo nos ha pasado desapercibido un detalle de decisiva importancia que tan sólo en posteriores lecturas nos aparece como evidente. Y esto sólo se consigue con horas de estudio y con algo de intuición, la que por ejemplo te da haber conocido por dentro cómo funciona la maquinaria de la administración pública.
7. Colaborar con quienes saben. Pocas cosas hay tan peligrosas como un abogado que cree que se las sabe todas. Si el asunto que nos enfrenta a la administración es un procedimiento urbanístico, es claro que el abogado deberá dominar el derecho urbanístico. Pero además de esto, muy probablemente el asunto tendrá una componente técnica que tan sólo un buen arquitecto o ingeniero podrá resolver. Si el caso tiene que ver con la contratación pública y hay que combatir la puntuación realizada por los técnicos en sus informes, nos puede hacer falta la opinión cualificada de un economista o un experto en la materia de que se trate. Tengamos en cuenta que la administración acudirá al litigio armada de cuantos informes técnicos pueda pertrecharse. Por eso conviene acudir a pleito con un buen dictamen técnico-pericial, y escoger muy bien al profesional que nos asesorará.
8. Menos es más. A la hora de plantear una demanda de recurso contencioso administrativo, hay que tener una gran capacidad de síntesis y, lo que es más importante, capacidad de expresión escrita. Los jueces están cansados de leer escritos artificiosamente largos en los que los abogados más que tratar de convencer a Juez, tratan de demostrarle al Juez que saben mucho derecho. Esto puede ser un error letal. Las demandas deben ser claras, concisas, e ir directamente al grano. Deben exponerse los hechos estrictamente necesarios para que el Juez se sitúe ante la cuestión controvertida. Y en cuanto a los razonamientos jurídicos, debe primarse la calidad de los mismos y su claridad expositiva, más que la cantidad. Y desde luego cuestiones básicas como la pulcritud y el orden en los escritos procesales son esenciales.
9. Preparar el acto del juicio. Si se trata de un procedimiento abreviado la administración demandada contestará a la petición del ciudadano directamente en el acto del juicio, y de forma concentrada se practicará la prueba en ese mismo acto. Cuando se trata de un procedimiento ordinario puede ocurrir que el asunto se resuelva sin necesidad de celebrar juicio (lo que ocurrirá cuando la cuestión controvertida pueda resolverse a la vista de los documentos obrantes en la causa). Pero lo normal en estos casos será que se celebre una vista en la que se practicarán pruebas como testificales o periciales. El acto del juicio es el momento cumbre de un trabajo que en muchas ocasiones viene de años, por lo que es imprescindible preparar el asunto con esmero y dedicación.
10. Convicción y capacidad de persuasión. En el acto de la vista es fundamental creer en lo que se defiende. Esto no es cualquier cosa, porque los jueces perciben a la primera cuándo un abogado se cree de verdad lo que defiende. Además de estar convencido, hay que saber expresarse. Una vez más cualidades como la capacidad de síntesis serán imprescindibles. Saber interrogar adecuadamente, cuidar las formas procesales y hacer que las cosas fluyan hacia la tesis que defendemos también es importante.
Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero excedería con mucho del espacio de este post. La idea básica que quería transmitir es que se puede vencer en juicio a la administración. A pesar de las dificultades que conlleva para un ciudadano individual o una empresa enfrentarse a toda una institución pública, en nuestro sistema judicial funciona el sometimiento a la ley de la administración, por lo que cuando un organismo público la transgrede, se puede lograr revertir la situación. Como David cuando venció a Goliat.
Comentarios
Publicar un comentario